En fecha reciente, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, doña Carmen Calvo, ha manifestado que su gobierno quiere traer a España los restos de Manuel Azaña. Así lo manifestó en el programa de la Sexta, Al rojo vivo, a preguntas del presentador don Antonio García Ferreras y añadió que el Gobierno también quiere que esto se haga con otros muchos hombres y mujeres, fallecidos en el exilio, para rendirles cumplido homenaje en nuestro país. Esta declaración no ha tenido mucho recorrido, salvo el habitual en las redes sociales; tampoco ha suscitado, que conozcamos, contestación alguna por parte de los partidos de la oposición ni de los socios de gobierno o de investidura.
No es la primera vez que un político español, en particular del PSOE, se pronuncia en estos términos, por lo que, lo primero que tengo que decir es que cansa bastante tener que estar casi todos los años, en torno a determinadas fechas o conmemoraciones, escuchando estas cosas, y además gastando tiempo en rebatir el despropósito. En este caso estamos, no solo ante las palabras de la segunda autoridad del poder ejecutivo, sino que se trata de una profesora universitaria, doctora en Derecho Constitucional, y que ha sido consejera de Cultura de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves y ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero. No podemos pedir a los ministros que sepan de todo, pero sí que mediten o se informen antes de hacer manifestaciones que tienen de fondo hechos históricos. Supongo que eso, informarse un poco, es lo que hizo la ministra, ella y sus asesores, cuando embarcaron al Gobierno en asuntos como el Valle de los Caídos o el Pazo de Meirás. En los citados contenciosos, relacionados con el “caudillo”, había y hay unos problemas jurídicos relevantes, también hechos de índole histórica y también otras consideraciones de carácter moral.
Puede pensarse que el traslado de Francia a España de los restos de un jefe de Estado, legítimo y democrático, presidente de la Segunda República, no debe de ofrecer dificultad alguna y es posible que si el problema se aborda con frialdad administrativa, con un informe por medio de un abogado del Estado y otro de un interventor de Hacienda, pues todo puede discurrir con la misma facilidad con la que se aprueba una orden ministerial o autonómica que tenga por objeto la homologación de maquinaria agrícola a una directiva europea, el comienzo de la temporada de caza o los horarios escolares. Ocurre que no estamos hablando de asuntos de inferior rango al de una Ley, si no de si puede o no un Gobierno violentar la voluntad de un jefe del Estado fallecido en el exilio. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, pero a partir del siguiente párrafo y como se hace en el ámbito jurídico, con los antecedentes y hechos probados al comienzo de la resolución, sea administrativa o de índole judicial.
Existen antecedentes inmediatos que nos sitúan en los usos y costumbres de nuestro país en relación con el tratamiento y honores que se rinden a los Jefes de Estado, puesto que estamos hablando de la posibilidad del traslado de los restos de Manuel Azaña a Madrid, que es la ciudad en la que vivió la mayor parte de su vida. Lo más reciente es la cruzada que el Ayuntamiento de la capital, gobernado por una coalición nacional católica de extrema derecha, ha emprendido, incluso con violencia, contra cualquier vestigio de memoria republicana en sus calles, plazas y cementerios. Solo el anterior aspecto podría hacer naufragar el proyecto, sobre todo si quienes son partidarios de que Azaña y el monumento que lo acoge se queden en Francia acuden a instancias como la Unesco o los tribunales europeos. Es decir, estamos, en cuanto a respeto a monumentos o restos arqueológicos, a la altura de países en guerra que no pueden garantizar su seguridad. El fanatismo político y religioso que llevó a destruir la milenaria ciudad de Palmira en Siria al Estado islámico es similar al que nos tiene acostumbrados la derecha española, solo que como no estamos en guerra, se utiliza el poder municipal y también a bandas ultras de afines para la destrucción de todo aquello que se salga del nacional catolicismo heredado. Es decir, el Gobierno nacional de coalición progresista no puede garantizar que el monumento funerario de Manuel Azaña sería respetado en Madrid a no ser que su emplazamiento tuviera lugar en instalaciones militares o de máxima seguridad.
Respecto a otros antecedentes como el trato desigual dado a los jefes de Estado en los últimos cuarenta y cinco años, lo vamos a hacer de manera muy concisa y por orden cronológico:
1975.- Fallece el general Franco el 20 de noviembre y se celebran funerales de Estado presididos por el hoy rey emérito y sucesor, además de la Conferencia Episcopal. Después es enterrado con los máximos honores en la Basílica del Valle de Cuelgamuros. En la actualidad se encuentra en el cementerio de Mingorrubio, en un panteón propiedad de Patrimonio Nacional, en un ámbito vigilado.
1979.- El diario El País da cuenta en su edición del 11 de agosto de que el día anterior han sido inhumados en Madrid, en secreto, en el cementerio de la Almudena, los restos mortales de Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República. Fue esa la condición puesta por el Gobierno a sus familiares para autorizar el traslado desde Argentina.
1980.- El día 19 de enero llegó al puerto de Cartagena la fragata Asturias de la Armada española procedente de Italia con un féretro que portaba los restos de Alfonso XIII. Llegaba al mismo puerto que lo vio partir al exilio una noche de abril de 1931, por lo que se hizo un ajuste de cuentas con la propia historia. Le rindieron honores cinco almirantes y un general, además de tres batallones de la Armada y una compañía de honores. Esa misma mañana un avión militar trasladó los restos a Getafe, donde se reiteraron honores, esta vez por parte de la entonces célebre Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire. De nuevo otro vuelo, pero en helicóptero hasta El Escorial. En la explanada del monasterio el Regimiento Inmemorial del Rey fue desplegado para la ocasión, además del Gobierno en pleno, toda la cúpula eclesiástica, presidentes de Congreso y Senado, cuerpo diplomático y todas las autoridades del Estado, así como la Familia Real al completo hasta la entrega del cadáver en la cripta de reyes. Prensa, radio y tv, además del NODO, dieron al acto un tratamiento de hecho histórico y de la máxima relevancia informativa, con ediciones especiales que mostraban, una y otra vez, el féretro cubierto con la bandera franquista y que era la que había abrazado la familia Borbón al sumarse a la sublevación del 18 de julio de 1936.
1991.- El 6 de junio tuvo lugar, prácticamente en secreto, el entierro en el cementerio civil de Madrid de Luis Jiménez de Asúa tras el traslado de sus restos mortales desde Buenos Aires. El relevante penalista y político socialista, que había encarnado la legitimidad republicana en el exilio como presidente de la República de 1962 a 1970, fue enterrado con la bandera monárquica cubriendo el féretro, al parecer por decisión de su partido, el PSOE.
2000.- El 14 de enero tuvo lugar en Sevilla el entierro de los restos, trasladados desde París, de Diego Martínez Barrio, presidente de Gobierno, presidente interino de la República y presidente de las Cortes, además de presidente de la República en el exilio de 1945 a 1962. En su testamento había manifestado su deseo de ser enterrado en su tierra natal invocando para ello el derecho que tenía a sepultura gratuita como concejal que había sido muchos años. El entierro contó con la asistencia del alcalde de la capital andaluza, además de la policía y banda municipal, es decir los honores quedaron reducidos al ámbito local.
Por tanto, no ha habido en ningún caso, ni parece que vaya a ocurrir para no molestar a la Casa Real, un reconocimiento de la legalidad y legitimidad de la Segunda República, por lo que parece difícil imaginar a la vista de lo actuado, que se vaya a producir en un futuro inmediato. Ni en una novela de ciencia ficción, como lo fue aquella de Jesús Torbado, En el día de hoy, se produce algo parecido a lo que sería un acto de madurez en un país democrático, la del reconocimiento ochenta años después de la legitimidad republicana. En la ficción, la guerra española acababa con el triunfo de la República y el relato nos narra las consecuencias posteriores para los protagonistas, tanto leales como sublevados.
Vistos los antecedentes de diferencia de protocolo, honores y reconocimientos, vamos a lo más sustantivo, es decir, a la voluntad del difunto, estado de la cuestión y las consideraciones morales, éticas y jurídicas. Para no aburrir mucho al lector habría que buscar esos antecedentes en lo que el propio afectado dijo al respecto, es decir, don Manuel Azaña Díaz, funcionario y escritor, natural de Alcalá de Henares, fundador del partido laico Izquierda Republicana, ministro y presidente del Gobierno elegido presidente de la República Española por votación de diputados y compromisarios el 10 de mayo de 1936. Esa búsqueda nos lleva en primer lugar a la revista La Pluma de marzo de 1922 y viene muy a colación, por la pretensión del Gobierno reflejada en el proyecto de la nueva Ley de la Memoria Democrática, de crear un Panteón de España de hombres y mujeres ilustres. Pues bien, respecto a este tipo de trasiego de restos que probablemente se produciría, ya dejó escrito Azaña hace 98 años su opinión con motivo del entonces anunciado traslado del panteón, con cadáver incluido, del poeta y político liberal Manuel José Quintana desde el cementerio de la Patriarcal (conocido tras su abandono como el “campo de las calaveras”) que iba a ser clausurado, al Cementerio del Este, hoy de La Almudena. Decía don Manuel en el citado artículo de La Pluma:
“Avisamos a toda persona notoria, que procure morirse a hurtadillas y enterrarse con nombre supuesto si quiere reposar en paz; de otro modo, irán acribarse las cenizas cuando menos lo espere. Nadie está libre. Quien hasta ahora no se ha dejado desenterrar, como Cervantes, incurre en falta. ¡Ah, si el esqueleto del Manco pareciese! ¡Que embriaguez! ¡Cuantas procesiones y carrozas, que profusión de reliquias, como nos revolcaríamos en la fosa abierta, poseídos de furia patriótica sepulcral! “
Lo anterior, aunque de forma irónica, refleja muy bien lo que el autor de El jardín de los frailes pensaba de esa pasión española por los entierros y por los honores de tantos ilustres de distinto rango, aunque, como en todo lo que atañe a nuestro carácter, pasado un tiempo nos olvidamos de los homenajes e incluso del lugar en el que enterramos a Cervantes. De modo más formal, Manuel Azaña, por escrito y también de modo verbal a sus familiares, manifestó su deseo para cuando llegase el día del último viaje: “Donde caiga que me dejen, y den mi cuerpo a la tierra”. De igual modo, había indicado que quería que la bandera del batallón de escolta presidencial le sirviera de mortaja y así lo encontramos reflejado en su carta de 28 de junio de 1939 a su amigo Ángel Ossorio y Gallardo, por entonces ya exiliado en Buenos Aires y que supone una desoladora crónica de los últimos días en España del presidente de la República. Uno de los párrafos más emotivos es sin duda aquel en el que narra el acto en el que pasó revista al batallón de escolta por última vez, para finalizar:
“Dos días antes había recogido la bandera del batallón, que ahora, desplegada en una de las paredes de mi cuartito de trabajo, es tema de contemplación ascético-política, porque me servirá de mortaja.”
Este postrer deseo de Azaña no se pudo cumplir, al ser prohibido el uso de la bandera republicana en la Francia envilecida del Gobierno colaboracionista de Vichy, por lo que en su entierro, celebrado el día 5 de noviembre de 1940 en Montauban, no hubo banderas de ningún tipo, tal y como refleja el informe policial al que accedimos hace unos años, tampoco la enseña mejicana del relato fantasioso del entonces embajador Luis Rodríguez. Si bien es cierto que algunos testimonios posteriores dijeron que estuvo la bandera tricolor francesa, algo que puede ser cierto y que las autoridades no lo reflejasen por ser obvio. El otro deseo, el de “Donde caiga que me dejen y den mi cuerpo a la tierra”, fue y ha sido cumplido hasta el día de hoy, por expreso mandato de su viuda, doña Dolores de Rivas, que dedicó el resto de su vida a preservar la memoria, política y literaria, del presidente de la República Española. En cuantas ocasiones, desde Suarez hacIa acá, se planteó formalmente a la familia Rivas Cherif, propietaria por cierto de la sepultura de don Manuel, la posibilidad del traslado de los restos a España, pero la respuesta de doña Dolores y de su sobrino Enrique de Rivas ha sido la misma: la de que no se puede violentar la voluntad del afectado, por lo que no cabía ni caben otras consideraciones.
Entendía Azaña, siempre con visión histórica, que las nuevas generaciones deben de conocer como han ocurrido las cosas y la mejor manera es suscitar la curiosidad de las gentes, y que se pregunten la razón por la que los restos mortales de un jefe de Estado o del más popular poeta del pueblo, Antonio Machado, permanecen en sendos cementerios franceses. En el caso de Manuel Azaña, todos los años en torno al 3 de noviembre las autoridades y el pueblo de Montauban rinden honores ante su tumba, hoy grupo escultórico, con presencia de músicos y el coro de alumnos del Liceo Manuel Azaña. También, y con financiación del Estado, se celebran unas jornadas académicas de debate en torno a los distintos aspectos de la política o la literatura del presidente español. ¿Se haría algo parecido en España? Ya les adelanto que no.
Sí que sería de interés que los estudiantes españoles, tal y como lo hacen los franceses, los alemanes, italianos y de otros países, visitasen los lugares de la memoria republicana, laica y antifascista, como lo son los memoriales que recuerdan el Holocausto en el resto de Europa, como parte de una educación en valores democráticos.
Es por lo anterior, volviendo al formato de las resoluciones, que no se puede ni debe alterar la situación de que goza en Francia el monumento funerario de don Manuel Azaña Díaz por las consideraciones hechas en Quintana en la infausta remoción de sus huesos, así como por la expresada voluntad del interesado, manifestada, en forma que tuviera, tal y como él sabía muy bien, consecuencias jurídicas. En la intranquila seguridad de que las alegaciones formuladas tendrán la consideración adecuada, doy por terminada la presente, en fecha y lugar ut supra.
Artículo original Isabelo Herreros https://www.eldigitalcastillalamancha.es/
