Los historiadores Francisco Espinosa, Guillermo Portilla y Ángel Viñas descubren al responsable de la fórmula sistemática “para exterminar” a los defensores del orden constitucional a partir de un documento hallado en un archivo.
El fiscal Felipe Acedo Colunga fue el ideólogo de las tesis defendidas en los consejos de guerra sumarísimos de urgencia entre 1937 y 1939. También a él se le debe la creación del plan que determinó cómo debía llevarse a cabo la depuración de todos los colectivos fieles a la República. Fue inflexible con los defensores de la Constitución republicana. Dio forma a una norma penal destinada a exterminar al enemigo, como se aclara en la investigación Castigar a los rojos. Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista (Editorial Crítica), de los historiadores Francisco Espinosa, Guillermo Portilla y Ángel Viñas. La obra descubre un personaje cruel y decisivo, que actuó en la sombra en la construcción de los criterios sistemáticos para ejecutar un gran crimen contra la humanidad durante la Guerra Civil y la dictadura, como indica el juez Baltasar Garzón en la introducción del ensayo.
El “horror penal”, como lo define Garzón, que imagina Acedo Colunga queda patente en la Memoria del final del Ejército de Ocupación, redactada el 15 de enero de 1939, que aplicó “con generosidad” sobre aquellos que defendieron al Gobierno salido de las urnas y al orden constitucional. Para Francisco Espinosa el objetivo de este documento –hallado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla– fue mantener viva la represión. “Aunque la guerra hubiera terminado, la campaña seguía vigente”, apunta el historiador. Y solo cesó en 1944, durante cierto tiempo, cuando la dictadura necesitó abrirse al mercado internacional. Cuando Franco comprobó que los aliados mirarían para otro lado ante la existencia del fascismo español, la maquinaria judicial militar volvió a encenderse.
Primero, reprimir. Luego, afirmar y justificar: “Demostrar al mundo de forma incontrovertible y documentada nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber, que los órganos y las personas que el 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley”, puede leerse en el objetivo de la memoria.
El redactor del infierno
El fiscal del horror, ideólogo jurídico de tan cruenta represión, procedía de la rama de aviación del ejército. Durante la República ya se había mostrado como un convencido antidemócrata y participó en el golpe de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932. Con el tiempo llegaría a ser, entre otros cargos, gobernador civil de Barcelona entre 1951 y 1960.
Francisco Espinosa cuenta a este periódico que su encuentro casual con la Memoria en los archivos militares demuestra lo que muchos se han empeñado en negar hasta el momento: “Que los militares tenían un proyecto ideológico de control y exterminio. No pudieron matar a toda la gente que les habría gustado. Dejaron vivos a los que tenían que trabajar el campo”, apunta el historiador, que advierte que Acedo Colunga era admirador de la Alemania nazi.
Lo asombroso, añade, es que este documento tan significativo pero tan poco conocido se haya conservado. Tiene cerca de 90 páginas mecanografiadas y, a simple vista, va sin firmar. El nombre de Felipe Acedo Colunga está al final del documento. Era un archivo de uso interno, orientado a las auditorías y no para salir de los círculos castrenses, en el que quedan detallados los fundamentos ideológicos de la represión. En esas páginas el final del horror puso negro sobre blanco su experiencia de “limpieza” de las poblaciones andaluzas según eran ocupadas por el ejército franquista. Su misión empezó en Málaga, donde hicieron miles de consejos de guerra en unos meses… “y se carga cerca de 4.000 personas”, cuenta Espinosa. Sin la farsa de los Consejos de Guerra.
En noviembre de 1936, Acedo Colunga fue nombrado director de la Fiscalía del Ejército de Ocupación. Tres años después solicitó la pena de muerte para Julián Besteiro, presidente de las Cortes durante la Segunda República y también del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). El tribunal desechó la petición y fue condenado a cadena perpetua, que se concretó en 30 años de reclusión. El político murió en prisión.
La judicatura pendiente
El plan para la represión penal de los desafectos al Movimiento Nacional funcionó desde el primer día. La Memoria maldita es el boceto para concluir legalmente el exterminio físico, moral y económico de los defensores de la República. A estos se les consideró enemigos ilegítimos carentes de derechos y como tal los asesinaron sin escrúpulos y sin consecuencias.
Baltasar Garzón se pregunta si, una vez pasada la Transición por España, pasó la judicatura por la Transición. “¿Hasta cuándo han persistido esos conceptos terribles, inhumanos y fascistas en nuestras normas legales? ¿Cuándo y hasta dónde se produjo el cambio de mentalidad y cultura en la judicatura, una estructura cerrada y endogámica? ¿Cuánto hay que trabajar aún para arrancar las raíces de aquel odio implantado con tanto rigor?”, se pregunta el juez en la introducción del ensayo.
A la voluntad sistemática de exterminar a los defensores del orden constitucional y a todo su entorno Francisco Espinosa la llama “lobotomía de la zona izquierda” de España. “Lo que sale del franquismo ya no tiene nada que ver con lo que fue durante la República, ni el PCE ni el PSOE fueron igual. Ese es el efecto real de todo aquel proyecto de Acedo Colunga, crear una sociedad nueva en la que se borrara cierta línea de pensamiento”, sostiene Francisco Espinosa. Hoy, cuenta, afloran las consecuencias.
Artículo original Peio H. Riaño https://www.eldiario.es/
