MUÑOZ MARTÍNEZ, Manuel

(En Política, Nº 35-36. Noviembre-diciembre, 1999). Por Fernando Sigler Silvera

[Chiclana de la Frontera (Cádiz), 1888-Madrid, 1942]

En el LX aniversario del final de la guerra civil, parece oportuno traer a la memoria la trayectoria de un personaje histórico representativo de uno de los tipos de víctimas que provocó la sublevación militar contra la II República, la de los exiliados extraditados. Un dirigente andaluz de Izquierda Republicana (IR), Manuel Muñoz Martínez, cuya figura apenas es dibujada con meros trazos por la historiografía relativa al conflicto bélico, aparece a ojos del historiador actual como paradigma del fatal destino propiciado tanto por la sed de venganza del bando triunfante en la contienda como por una coyuntura internacional atenta al pragmatismo del nuevo esquema geopolítico europeo (derivado de las promesas de neutralidad del régimen dictatorial español), que convirtió el exilio francés en un callejón sin salida para significados dirigentes del campo republicano.

Comandante de Infantería retirado, con un brillante expediente profesional máximo grado de la masonería, tras su inicio en los años 20 en la logia "Hermano Vigor" de Cádiz, diputado a Cortes en las tres legislaturas de la n República por la circunscripción gaditana (siendo el más votado en los comicios del Frente Popular), Muñoz había iniciado su actividad política en el radical-socialismo, para presidir el Partido Republicano Radical Socialista Independiente (PRRSI) de Cádiz en 1933 y formar parte más tarde, en 1934, del Consejo Nacional de IR.

Tras la victoria en las urnas en febrero de1936, fue titular del Gobierno Civil de Cádiz con carácter interino, puesto desde el que facilitó la liberación de más de 40 detenidos por los sucesos revolucionarios desarrollados en 1934 en la localidad gaditana Prado del Rey. Apenas unos días después de la sublevación militar contra el régimen constitucional, Muñoz desempeñó uno de los cargos públicos más conflictivos e incómodos de la Administración republicana. En efecto, al haber sido director general de Seguridad, en el ministerio del general Pozas, durante el primer semestre de la guerra civil, su figura ha sido con frecuencia erigida en máxima responsable de las matanzas de la cárcel Modelo, de agosto de 1936, y de las sacas de presos -luego fusilados en Paracuellos- de noviembre del mismo año. La consulta de fuentes archivísticas inéditas permite, no obstante, proyectar nueva luz sobre su actuación en los referidos sucesos, que empañaron en gran medida la autoridad moral de la República.

La nueva documentación habla de su oposición a los procedimientos expeditivos en una situación de desbordamiento en la retaguardia republicana ante el avance de los sublevados hacia Madrid, de su impotencia inicial ante el curso de los acontecimientos y del encauzamiento legal que él mismo propició de la política represiva tras los sucesos de la Modelo, así como de la inexactitud -ya señalada en algún reciente estudio- de las afirmaciones que le atribuyen la responsabilidad directa en las sacas de presos de los primeros días de noviembre. Las nuevas fuentes, en fin, ponen de manifiesto las vicisitudes de la política europea en el período prebélico a propósito de unos refugiados republicanos españoles que alcanzaron el suelo francés como tabla de salvación y que, durante el régimen de Vichy, fueron entregados por la Gestapo al régimen franquista a sabiendas de que su destino no era otro que el paredón. Muñoz Martínez, que el 6 de noviembre de 1936 había marchado hacia Valencia con el Gobierno republicano y quien tras la caída de Cataluña se refugió en el sur de Francia primero y en París después, formaba parte de una lista de dirigentes republicanos cuya extradición el régimen dictatorial recién erigido en Madrid exigió, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Súñer, como una de sus contrapartidas en los pactos secretos con el Gobierno de Pétain-Laval.

Pero el "caso Muñoz Martínez" también pone de manifiesto las diferencias de criterios existentes dentro de la misma administración de Vichy (con un vicepresidente del Consejo -Laval- partidario de hacer las concesiones pedidas por Madrid y un ministro de Justicia -Barthélémy- empeñado en no atender la petición española por tratarse dé una reclamación de carácter político y no penal), al tiempo que desmiente la idea, extendida en numerosos estudios, de que tras la entrega de Companys, en verano de 1940, quedó frenada la extradición de dirigentes republicanos. Muñoz; que había cruzado la frontera hispano-gala el 28 de enero de 1939 Y que había residido en París desde el verano de ese año hasta el del siguiente, fue detenido en el Finisterre francés por la Gestapo, a petición de las autoridades de la dictadura española, en octubre de 1940.

Encarcelado -como lo había estado Companys- en la tenebrosa prisión de la Santé de París, en régimen de incomunicación durante casi un año, resultaron infructuosas las gestiones de un familiar suyo de nacionalidad francesa. Charles Fol, que guardaba amistad con el ministro de Producción Industrial galo, Pucheu, encaminadas a conseguir una atenuación del rigor de su apresamiento. Sometido a juicio en enero de 1942, la Corte de Apelación de París hizo suyos los argumentos de las autoridades españolas, que lo acusaban de "asesinatos y robos" y concedió la extradición, la cual, tras ser refutada por Barthélémy, fue ratificada por Pétain en abril de 1942, pese a la advertencia de aquél de que tal concesión lo "conducirá a una muerte cierta".

En efecto, "decidido por Vichy pero ordenado por Berlín", Muñoz fue entregado por la policía alemana a la española el 26 de agosto de 1942, Dos días después prestó declaración en la Brigada Político Social de Madrid: Encarcelado en septiembre en la prisión de hombres de Conde de Peñalver de la capital, tras ser sometido a una parodia de juicio en el que se conculcaron las más elementales garantías procesales y se aplicó todo tipo de aberraciones jurídicas. Muñoz Martínez fue fusilado en el cementerio del Este de Madrid el 1 de diciembre de 1942.