La nueva Ley de Memoria Democrática, que podría ser aprobada en noviembre, recoge que los restos de los dirigentes del alzamiento militar no podrán estar «en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio»
Lo que está claro, porque así lo recoge la nueva Ley de Memoria Democrática, es que José Luis Moscardó perderá su Condado de Toledo. A partir de ahí, habrá que interpretarlo, pero el nuevo texto parece poner coto a manifestaciones como la procesión de la Virgen del Alcázar y también marcar el camino sacar a los protagonistas del alzamiento militar de lugares públicos preeminentes, como el Alcázar.
Isabelo Herreros, presidente de la Asociación Manuel Azaña, fue una de las personas invitadas al Senado el pasado jueves para la aprobación del nuevo texto legal. Herreros explica que ya la anterior Ley de Memoria de Zapatero marcaba el camino para hacer ambas actuaciones «y no habría hecho falta ni ley, habría bastado con la Constitución, porque esto no es tolerable». Pero, de momento, la procesión se desarrolla cada año para conmemorar la liberación del Alcázar y en la cripta del edificio siguen enterrados personas preeminentes de su defensa. Sigue siendo así y a pesar de varias denuncias, denuncia Herreros, «por voluntad» de ministros responsables, «como Margarita Robles». En vista de los precedentes, el presidente de la Asociación Manuel Azaña es prudente y apunta que cuestiones como sacar los restos de golpistas «del segundo Valle de los Caídos», como denomina al Alcázar, seguirá dependiendo de la voluntad política.
De momento, tras los primeros pasos de la Ley, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha expresado la voluntad del Gobierno de sacar de su actual enterramiento en la basílica de la Macarena de Sevilla a Gonzalo Queipo de Llano y a José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, nueva denominación del antiguo Valle de los Caídos. Nada ha comentado de la Cripta del Alcázar, donde los sublevados reciben honores. Habrá que esperar si el Gobierno le da el mismo tratamiento o no.
El texto legal recoge que «los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado».
De igual forma, la nueva ley puede poner coto a manifestaciones como la de la Virgen del Alcázar. Según recoge, «se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial». Para ello, «si en la celebración de un acto público de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondrán los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal».
Sin embargo, Herreros insiste en que con la anterior Ley de Memoria ya tendrían que haberse prohibido estas fiestas, pero «la señora Margarita Robles viene tirando balones fuera desde hace años», después de recibir varias preguntas en torno a esta y otras procesiones. Herreros recuerda que «la Iglesia puede hacer lo que le dé la gana, pero no es de recibo que en instalaciones militares de un estado democrático se haga esta fiesta de la liberación». De nuevo parece que permitir la procesión será cuestión de «voluntad política».
Aprobado el trámite del Senado, ahora la nueva Ley debe volver al Congreso, como pronto a mediados de noviembre. Después se tendrá que publicar en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo original: J. Monroy https://www.latribunadetoledo.es/
